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El alcalde de Aielo de Malferit es absuelto de dos denuncias de prevaricación administrativa

José Luis Juan lamenta que el portavoz socialista haya utilizado la vía de la justicia para intentar apartarlo de la política

El alcalde de Aielo de Malferit, José Luis Juan Pinter, y que

es nuevo candidato a la alcaldía por el Partido Popular ha resultado

absuelto de las dos denuncias de presunta prevaricación administrativa

impulsadas por el concejal y portavoz del grupo socialista, Juan Rafael

Espí, ante la Fiscalía de Alzira.

Juan Pinter ha lamentado que el portavoz socialista «no se ha

conformado con ir a la justicia ordinaria o administrativa, en muchas

ocasiones y durante estas dos últimas legislaturas, sino que también ha

acudido a la vía penal que es la más restrictiva pero también la más dura

porque se pide cárcel o inhabilitación contra la persona».

Fue en los primeros años de la legislatura 2011-2015 cuando Juan

Rafael Espí Mompó presentó sendas denuncias penales contra el alcalde

ante la Fiscalía Provincial de Valencia acusándole de haber cometido

sendos delitos de prevaricación en dos asuntos municipales.

El primero relativo a un concurso, por promoción interna, para cubrir 2

plazas de personal administrativo para lo que se presentaron tres

funcionarios municipales, entre ellos una familiar directa del alcalde, la

cual, y esto es importante matizarlo, ya era funcionaria de dicho

Ayuntamiento con una antigüedad de casi 30 años.

En este asunto, todo se remonta al año 2008 cuando el Ayuntamiento de

Aielo convocó concurso por promoción interna para cubrir dos plazas de

administrativo del Consistorio. Como se ha dicho, una de las tres

personas que se presentaron y fue admitida por cumplir todos los

requisitos legales resultó ser familiar directo del alcalde razón por la cual,

éste no debía intervenir de ningún modo en el procedimiento de

selección. Así se acordó por el Juzgado competente y así se hizo

delegando el alcalde en la concejal del área de personal.

No obstante, y a sabiendas de ello, Juan Rafael Espí decidió presentar

una denuncia penal por delito de prevaricación contra el alcalde en la

que se pedía que se le condenase por prevaricación a una pena de

inhabilitación de entre 9 y 15 años, inhabilitación que hubiera conllevado

que no hubiera podido presentarse de nuevo a las elecciones del

próximo domingo, además de haber perdido su puesto de trabajo pues

es funcionario de carrera de habilitación nacional.

Desde la Alcaldía de Aielo de Malferit desde el primer momento se ha

tenido claro que la denuncia presentada por el portavoz socialista lo

único que perseguía era «dinamitar el prestigio político de su rival José

Luís Juan Pinter trasladando el foro legítimo de debate, que es el Pleno

Municipal, a la Sala de un Juzgado de Instrucción».

Archivada sin llegar a juicio

La estrategia del portavoz socialista no acabó con la simple presentación

de la denuncia penal ante Fiscalía, sino que fue más allá, ya que se

personó en el pleito penal como acusación particular uniendo fuerzas con

un policía local que también mantiene litigios contra el alcalde y que

intentó también personarse en el pleito como acusación popular, siendo

este agente apartado del proceso por la juez.

No obstante, dicha estrategia, y tras varios trámites procedimentales,

resultó desestimada por el juez instructor que archivó la causa respecto

al alcalde mediante Auto de fecha 12-12-2018 por lo que ni siquiera llegó

a juicio.

El segundo de los asuntos en el que el socialista Juan Rafael Espí

intentó tumbar a su rival político sirviéndose de la justicia penal se refiere

al llamado caso «motocross».

Denunciaba que Pinter, actuando en su condición de alcalde, autorizara

verbalmente la cesión temporal de unas parcelas de propiedad municipal

–clasificadas como suelo no urbanizable común– a la asociación privada

local y sin ánimo de lucro, «Motoclub Xarquin». El objetivo era la

celebración de una carrera de motocross correspondiente al

Campeonato Territorial de la Comunidad Valenciana de Motocross, que

tuvo lugar en dichos terrenos el día 5 de febrero de 2012.

De nuevo, absolución

Al igual que ocurría con el primer caso, el Juzgado de lo Penal número 7

de Valencia, mediante Sentencia número 96, de fecha 21 de febrero de

2019, dictaminó que no había ni el más atisbo delito de prevaricación en

esta cesión temporal de terrenos absolviendo al alcalde.

José Luis Juan explica que «Espí ha intentado utilizar a la justicia y a los

juzgados con fines políticos intentado tumbar al rival político al que no

pudo ganar en las urnas hasta en tres legislaturas consecutivas».

Lamenta el alcalde que desde el verano de 2012 ha sufrido un «auténtico

calvario, sabiéndose perseguido por unos hechos en los que él, no había

hecho nada malo, soportando retrasos y dilaciones en los procesos por

la inacción de la acusación que solicitaba prórroga tras prorroga y que

hacían infinita la instrucción de la causa».

Juan denuncia que Espí ha pagado «fianzas de hasta dos mil euros para

que el juez le dejara actuar como acusación y no se archivaran los

asuntos, todo ello junto a fuertes acusaciones vertidas en los medios de

comunicación». De igual modo, ha destacado que estas acciones

penales «han creado en mi persona y en mi familia un estrés emocional

grave, y un atentado a mi integridad moral, honor, honradez y

respetabilidad que difícilmente se podrá compensar».

Para alcalde todo han sido «acciones premeditadas y con mala fe por

parte del señor Espí ya que en el año 2015 en el pleno de la tercera toma

de posesión como alcalde ya dijo que era alcalde gracias a la lentitud de

la justicia».

Por fortuna «el tiempo pone a cada uno en su sitio», ha señalado el

alcalde porque la justicia le ha dado la razón al final en los dos casos. «Si

Espí tuviera un mínimo de dignidad, debería retirarse de la política, por

decencia y por responsabilidad, así como pedir públicamente perdón y

disculparse ante mí, mi familia y ante toda la gente del motoclub».

Publicado en Local 22 / 05 / 2019