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El juez absuelve al exedil de Benigànim por el desfalco

El juzgado de lo penal nº 8 de València ha absuelto al exconcejal de Fiestas de Benigànim, Andrés Moscardó (PP), del delito de apropiación indebida por el que se enfrentaba a una pena de dos años de cárcel después de que la Fiscalía lo señalara como presunto responsable de un desfalco de 17.5000 euros en la recaudación de los Festeros del Cristo de 2015.

Moscardó se sentó en el banquillo a raíz de las denuncias formuladas por siete

padres. Pero una vez examinadas las pruebas aportadas en el juicio y

recabados los testimonios solicitados por las partes, el magistrado Rafael

Sánchez concluye que las evidencias presentadas por la acusación son

insuficientes para acreditar que el exedil «se apropiara o distrajera de cantidad

alguna».

La sentencia considera probado que Moscardó, de 43 años, tenía

encomendadas «ciertas responsabilidades de tutela y supervisión» sobre la

Asociación de Festers del Crist, puesto que sus integrantes eran en su mayoría

menores de edad que, al alimón con el consistorio, se encargaban de organizar

y costear las fiestas patronales de finales de agosto. Para recaudar fondos, los

festeros programaban eventos y vendían lotería y todo tipo de productos.

La ausencia de control sobre las cuentas del colectivo festero llama la atención

del magistrado y constituye, de hecho, la clave de bóveda de la sentencia

absolutoria, puesto que complica la misión de determinar cuánto dinero

desapareció y cuál es su paradero. La asociación no disponía de una cuenta

bancaria, sino que la administración local de lotería «hacía de banco» y actuaba

como depositaria, custodiando los ingresos de las papeletas, que suponían el

grueso del presupuesto. El dinero, sin embargo, desapareció supuestamente de

una caja metálica situada en el despacho que el exconcejal tenía en el Espai

Jove de propiedad municipal, donde se depositaban cada semana parte de los

ingresos.

El juez sostiene que el acusado, como cargo público, «no procuró la adopción

de un mecanismo de control de las actividades de la asociación y de sus

cuentas y no impuso una mínima contabilidad, aun cuando fuera rudimentaria».

Sin embargo, también recalca que Moscardó no era el único que ingresaba y

sacaba dinero: «Cualquier festero podía acceder a la caja aunque el acusado no

estuviera en el despacho, pidiendo la llave al encargado del bar», incide.

Durante el juicio, Moscardó declaró que su cometido era «ayudar y aconsejar»

a la comisión de fiestas, pero descargó la responsabilidad de la administración

de los fondos sobre los festeros y sus padres, encargados de recaudarlos. El

exconcejal hizo hincapié en que tanto los festeros como los empleados podían

tener acceso a la caja del Espai Jove, la cual, dijo, carecía de cerradura. Aunque

los padres lo acusaron de haber admitido en privado la realización de pagos en

B, Moscardó negó tajantemente dicha afirmación. El Ministerio Fiscal y la

representación del Ayuntamiento de Benigànim sustentaron la acusación en

unas hojas de Excel que, a modo de liquidación, trataban de reconstruir la

contabilidad de la asociación tras consultar a sus responsables. Un documento

«rudimentario» elaborado por el actual concejal de Fiestas (PSPV) que el

magistrado echa por tierra porque «no tiene el rigor que exige el derecho

penal», pese a admitir la dificultad de conseguir pruebas fehacientes del

desfalco teniendo en cuenta «el vacío documental existente» por la ausencia de

una contabilidad oficial durante el mandato del PP.

Frente a ese cálculo «no contrastado o acreditado de forma objetiva», el juez

echa en falta «un esfuerzo» judicial en la fase de instrucción que hubiera

desembocado en una pericial más exhaustiva sobre el dinero supuestamente

detraído de la caja. De igual forma, también da un tirón de orejas al juez de

Ontinyent que derivó el caso al apreciar indicios penales, puesto que no requirió

a la administración de lotería que aportara un listado de las participaciones

vendidas por la comisión y del beneficio derivado del recargo.

El consistorio, personado en la causa a petición de la Fiscalía como parte

afectada, prepara un recurso de casación contra la sentencia ante la Audiencia

Provincial, al apreciar «lagunas en la interpretación del juez». Es de presumir

que el Ministerio Público también la recurrirá. La defensa de Moscardó, en

cambio, sostiene que el fallo pone fin «a un calvario» y a la «persecución» de la

que aseguran que ha sido víctima el exconcejal «sin evidencia alguna».