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La Fiscalía mantiene los 2 años de cárcel para el exedil de Benigànim acusado de apropiación

El juicio contra Moscardó (PP) por la desaparición de 17.543 euros de la recaudación de los festeros queda visto para sentencia

El juicio que ha sentado en el banquillo al exconcejal del PP de Benigànim Andrés Moscardópor un presunto delito de apropiación indebida quedó ayer visto para sentencia. Después de tres largas sesiones, la Fiscalía mantuvo su petición inicial de condena para el que fue edil de Juventud, Fiestas y Turismo entre 2008 y 2015. Moscardó se enfrenta así a una pena de 2 años de cárcel y al pago de 17.543 euros en concepto de responsabilidad civil: la cantidad que desapareció de la caja de los Festeros del Cristo de Benigànim semanas antes de las fiestas de 2015.

Los hechos motivaron la denuncia de ocho padres ante la Fiscalía de València. Tanto el Ministerio Público como el juzgado de Ontinyent que instruyó la causa apreciaron unos indicios de delito que desembocaron en el procesamiento de Moscardó.

En sus conclusiones provisionales, el fiscal de Alzira situó al exedil como responsable de la asociación de festeros y encargado de la gestión del dinero que éstos (en su mayoría menores de edad) recaudaban por la lotería, la venta de mecheros, los calendarios y otros eventos que servían para financiar las fiestas. Los ingresos recopilados se depositaban en parte en una cuenta corriente en Cajamar, pero también en la administración de lotería local o bien en una caja metálica situada en el Espai Jove del Ayuntamiento de Benigànim. La actual corporación socialista denunció la falta de control sobre esta hucha y su supuesto uso no justificado para actos municipales 'no oficiales' en la etapa de gobierno del PP.

El Ministerio Público apreció en la actitud de Moscardó un «ánimo de procursarse un ilícito beneficio patrimonial aprovechando su calidad de concejal», por lo que lo señaló como presunto responsable de apropiarse de una parte de los 42.347 euros recaudados por los festeros entre septiembre de 2014 y agosto de 2015 «para incorporarlos a su patrimonio o bien para desviar el dinero a fines particulares o diferentes al cual estaban destinados». Después de que la Comisión reparara en la detracción de fondos y advirtiera de que los número no cuadraban, la nueva administración surgida de las urnas en 2015 tuvo que «reconstruir» la contabilidad de los festeros, inyectando una ayuda extraordinaria de 11.690 euros al colectivo para garantizar las fiestas.

La corporación municipal está personada como acusación y parte perjudicada en el proceso penal. La Fiscalía considera que Moscardó debería indemnizar con 5.843 euros a los festeros del Cristo y con 11.690 euros al ayuntamiento, importes que fueron reclamados a modo de fianza al acusado antes de iniciarse el juicio.

El martes fueron citados a declarar como testigos en el juzgado de lo penal nº8 de València los padres denunciantes, así como el actual regidor de Fiestas y el Fester Major. El miércoles fue el turno de los testimonios de la defensa, entre quienes se encontraban algunos padres y exfesteros y la propietaria de la administración de lotería. Aunque inicialmente la defensa había solicitado la declaración de más de una veintena de testigos (entre ellos el exalcalde Juan Puchades), el juez declinó citar a buena parte de ellos y la representación del acusado terminó reduciendo el listado a más de la mitad.

Tampoco fueron aceptadas algunas pruebas de extractos en Cajamar e ingresos en la administración de lotería que habían sido solicitadas por Moscardó con tal de acreditar que no hubo desfalco y que no se apropió del dinero. En la misma línea, el exedil aportó un informe pericial de un Economista-Auditor de Cuentas, así como varios recibos de gastos y contratos con orquestas y servicios de fiestas durante la época enjuiciada.

El encausado atribuyó las denuncias a un «ataque político» del gobierno socialista después de haber desplazado del poder a los populares en junio de 2015, cuando estalló el escándalo. Según las fuentes consultadas, el edil se desentendió del control del dinero de las fiestas y trató de sembrar dudas sobre la responsabilidad de la sutracción. El hecho de que no existiera una contabilidad clara de la caja de fiestas fue otro de los puntos explotados por la defensa. El exedil negó tajantemente haberse quedado ningún importe y dijo que las acusaciones eran falsas.