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La Diputació aporta los 150.000 euros necesarios para resolver el problema de abastecimiento de agua en Otos

La ayuda de la corporación provincial permitirá al gobierno local, concienciado con el problema de la sequía, construir un nuevo pozo que prestará servicio a los 450 vecinos y vecinas del municipio

En el año 2015 la sequía fue un verdadero problema para

los vecinos y vecinas de Otos. Su pozo, que tiene alrededor de medio

siglo de antigüedad, según explican desde la propia corporación local, no

daba más de sí, y un derrumbe en la estructura acabó provocando cortes

en el suministro para evitar que el agua turbia llegara a salir por los

grifos.

Una situación que motivó la actuación inmediata del gobierno local de

esta localidad de la Vall d’Albaida, capitaneado por su alcalde, Mario

Mira. “Teníamos que plantear una alternativa para que no volviera a

producirse un problema de este tipo”, explican desde el ayuntamiento. En

concreto, y ante el ruinoso estado del pozo viejo, la solución pasaba por

la construcción de un pozo nuevo, a 250 metros del anterior, que

permitiera prestar un servicio en condiciones a los 450 vecinos y vecinas

del pueblo.Es aquí donde entra en juego la Diputació de València. Los trabajos de

creación de un nuevo pozo son demasiado costosos como para que un

municipio pequeño como Otos sea capaz de asumir el coste total de la

obra. Y aunque la primera fase de perforación, de medio kilómetro de

profundidad bajo el suelo, ya está hecha, la instalación eléctrica era

inasumible en términos económicos para las cuentas locales.

Y así se ha llegado al convenio firmado entre la Diputació y el

Ayuntamiento de Otos, en el que la corporación provincial concederá unaayuda de 150.000 euros para terminar de resolver los problemas de

abastecimiento de agua potable a los que hasta ahora se ha enfrentado

la localidad. Dicho convenio recoge que el Ayuntamiento de Otos “carece

de los recursos suficientes para hacer frente a la actuación”, por lo que

los 150.000 euros servirán para sufragar el coste íntegro de la obra, y

establece que el Ayuntamiento solo tendría que hacerse cargo de

cualquier añadido que supere esa cantidad.