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Editorial

En un Estado democrático y de derecho los ciudadanos renuncian al uso de la violencia a favor de un Estado que los proteja. Por lo tanto, el monopolio de la violencia está en el Estado y la ejerce a través de las fuerzas y cuerpo de seguridad, a favor del orden constitucional.

Estos días nos hemos encontrado que una sentencia de un tribunal exigía, para

condenar a unos energúmenos de violación, que el uso de la violencia la

ejerciera la víctima frente a los agresores porque si no se visualizaba la

resistencia ante tal acto criminal. Otra víctima decía que la opción era resistir

sin morir o callarse y ser violada. No entendemos que esto que parece tan

simple, termine en una polémica en todo el estado español y fuera del mismo

porque no se entiende que los ciudadanos tengan que ser héroes ante los

agresores.

Reclamamos el derecho a ser cobardes en defensa de lo más preciado que

tienen los ciudadanos, que es la vida. Es el Estado quien tiene que protegernos

porque a él hemos delegado todos los mecanismos para nuestra defensa. A

diferencia de EEUU en España no vamos armados con pistolas ni demás

elementos que ayuden a nuestra protección. Eso lo llevan los agentes de la

autoridad, algún ciudadano autorizado por circunstancias personales y los

delincuentes; y, ante ellos, los ciudadanos tienen poco que hacer porque la

proporcionalidad es desproporcionada a favor del agresor.

Exigir que la joven violada debería haber puesto resistencia a los cinco armarios

que la violaban, es como decir que arriesgara su vida para ser violada de igual

modo. Las mujeres tienen el derecho a ser ciudadanas, a ser protegidas por el

Estado de Derecho. Los canallas atropellan a las mujeres no tienen cabida en

una sociedad democrática.

Publicado en Local 03 / 05 / 2018